POBLACIONES INDÍGENAS: MARGINACIÓN Y POBREZA

Marden Rojas

El 9 de agosto de 1995 la ONU instituyó el "Día internacional de las poblaciones indígenas" con el objetivo de "Promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas, así como reconocer su cultura, tradiciones y contribuciones a la diversidad cultural y al desarrollo sostenible".

Para el organismo supranacional las poblaciones indígenas "son aquellas que estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran los colonizadores, los cuales al convertirse en el grupo dominante mediante la conquista, la ocupación o por otros medios, segregan o discriminan a los pobladores originarios".

La población indígena en el Perú supera los 5 millones de personas, quienes se autocalifican como integrantes de una de las 55 comunidades indígenas reconocidas, lo que equivale al 24% de la población peruana que se encuentra ubicada en la selva y en los Andes.

El Gobierno Revolucionario del General Juan Velasco Alvarado es considerado como el que más ha aportado en la lucha por los derechos y dignidad de los indígenas, al implementar una reforma agraria que les convirtió en pequeños propietarios y les otorgó la condición de ciudadanos del Perú. 

Lamentablemente, los sucesivos gobiernos neoliberales, desmantelaron las normativas que favorecían a las poblaciones indígenas y que ahora luchan por el reconocimiento de sus derechos, sumidos en los peores niveles de pobreza y en medio de conflictos por la explotación indiscriminada de los recursos naturales en sus propias tierras.

Las poblaciones indígenas desde hace varias décadas exigen el derecho a la consulta previa, que de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos cada vez que emitan disposiciones "susceptibles de afectarles directamente".

En los últimos años, se han implementado medidas demagógicas como la ley de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto inicial (Ley PIACI), programas para promover proyectos de infraestructura, reconocimiento de los derechos territoriales, etc., que terminaron en saludos a la bandera.

Cuando se esperaba que el congreso ratificara el Acuerdo de Escazú para proteger y asegurar la tangibilidad de los territorios indígenas, gremios empresariales advirtieron que "era un riesgo para los proyectos de inversión" y el Acuerdo terminó en los archivos del congreso alineado con intereses particulares.

Ahora nada ni nadie detiene el avance de las mafias avaladas por una ley forestal que "garantiza e incentiva el despojo de las tierras de las poblaciones indígenas", según advierte Francisco Cali Tzay, relator de la ONU. El abandono del Estado es clamoroso. 

A la fecha 35 líderes nativos y 3 activistas han sido asesinados en la selva peruana, ante el silencio cómplice del gobierno de turno, plagado de corrupción e incompetencia y que se niega a aceptar los otros 49 asesinatos en su primer año de gestión.