LEY 32107: PUERTA ABIERTA A LA IMPUNIDAD

Por Marden Rojas.

El Congreso de la República promulgó la Ley 32107, que si bien no decreta la prescripción de los delitos de lesa humanidad, introduce modificaciones en el Código Penal que abren una puerta para que militares y terroristas condenados o procesados por esos crímenes puedan evitar cumplir con sus condenas, lo que significa un retroceso en la lucha contra la impunidad en nuestro país.

La Ley 32107 conocida también como "Ley Rospigliosi", beneficiará a más de 600 sancionados y procesados por graves violaciones de derechos humanos, que se cometieron en el llamado "conflicto interno" (mayo de 1980 - diciembre de 1993) y que dejó más de 70 mil víctimas y 20 mil desaparecidos.

Según Eloy Marchán de Hildebrandt en sus trece, la lista de beneficiados incluye a Vladimiro Montesinos y a los integrantes del grupo Colina, el escuadrón paramilitar al que se le adjudican 40 asesinatos, a los responsables de las matanzas de Los Cabitos, Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca, Chuschi, Cayara, Totos, Universidad Nacional del Centro, Pucará,  Castro Castro, Manta y Vilca, Pativilca, Putis, El Frontón, Madre Mía, entre otros.

"La gracia de la impunidad también alcanzaría a la cúpula de Sendero Luminoso y el MRTA. No habrá sentencia por la masacre de Soras (1984) donde una facción coordinada por Víctor Quispe Palomino asesinó a 117 personas (...) la masacre que perpetró el MRTA en 1989, en la que ejecutó a ocho integrantes de la Comunidad LGBTIQ en Tarapoto, tampoco tendrá culpables", señala la revista.

La Ley de impunidad es criticada por contravenir el derecho internacional que dispone la imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó se Estado peruano detener el trámite de la referida ley que en el fondo busca un indulto, una gracia, para los que  cometieron crímenes considerados como de lesa humanidad, antes del 1 de julio de 2002.

El comisionado Volker Türk de la ONU, lamentó que en nuestro país entre en vigor una ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, toda vez que contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional. Es un retroceso en materia de derechos humanos y el estado del derecho, advirtió.

Entre tanto las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, hacen un llamado al Poder Judicial y Fiscalía de la Nación a no aplicar dicha ley, que como se conoce, es una copia del Decreto Legislativo 1097 del segundo gobierno aprista que buscaba favorecer a los efectivos de la Marina involucrados en el caso de El Frontón y que en poco tiempo fue archivado por el Tribunal Constitucional en marzo de 2011.