LEY 32108: REGALO DEL CONGRESO A LA DELINCUENCIA

Marden Rojas

La Ley 32108, esa que el Congreso aprobó en agosto pasado y que eliminó 59 delitos, incluyendo el robo con agravantes, la extorsión y el secuestro, es la culpable de que la delincuencia se haya desatado en el país.

Es indignante que el Congreso, con 94% de desaprobación según la encuesta nacional del IEP, legisle a favor del crimen organizado, que se define como una "asociación ilícita" dedicada a obtener ganancias económicas o de otro tipo mediante la comisión de delitos graves.

Los expertos alertaron que las modificaciones a la ley contra el crimen organizado tendrían consecuencias negativas para la seguridad ciudadana,  facilitando la impunidad para los delincuentes que aterrorizan, sobre todo, a comerciantes, empresarios y comunidades vulnerables como los Comedores Populares.

Es imperativo revisar a fondo la ley en cuestión y elaborar una propuesta seria y responsable para restablecer los delitos penales eliminados. Esto es fundamental para recuperar la seguridad ciudadana y proteger a quienes sufren amenazas de muerte si no pagan los cupos diarios, que van desde diez hasta más de veinte soles, a extorsionadores nacionales y extranjeros.

La Ley 32108 enfrenta fuertes críticas. Se argumenta que debilita el sistema judicial al quitarle herramientas a jueces y fiscales para procesar a grupos criminales, lo que genera impunidad. Asimismo confunde a los ciudadanos cuando le dicen que 'la policía debe prevenir e investigar la delincuencia', mientras que 'al MP le corresponde la investigación del delito' (Gladys Echaíz).

Según especialistas en la materia, la eliminación de los delitos penales incentiva la reincidencia. "Al despenalizar ciertas conductas, se disminuye el efecto disuasorio de la ley, lo que lleva a los delincuentes a considerar que las consecuencias de sus acciones son insignificantes". Esto aumenta la probabilidad de que vuelvan a cometer esos delitos, perpetuando el círculo del comportamiento delictivo.

Los ciudadanos, por su parte, perciben que el sistema de justicia,  integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, está totalmente desacreditado por la pútrida corrupción. Se sienten desprotegidos y esto genera una mayor desconfianza hacia estas instituciones del Estado.

A la peor crisis de seguridad ciudadana que vivimos los peruanos, se suma el nefasto Decreto 1585 del régimen de Boluarte, que desde el año pasado ha permitido la libertad de miles de sentenciados por delitos graves como homicidio, estafa, agresión y robo, con el pretexto del deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios.

La delincuencia está a la orden del dia en el país y la falta de protección para los ciudadanos es cada vez más evidente. Algunos alcaldes creen que llenando la ciudad de cámaras se solucionará el problema, cuando lo que se necesita es potenciar el sistema de inteligencia policial.

Finalmente, las Municipalidades debieran implementar la Educación Ciudadana o Comunitaria, para enseñar a los ciudadanos a involucrarse en la vida pública y a denunciar los delitos, lo que ayudaría a prevenirlos y a fortalecer el estado de derecho, pero ni eso pueden hacer.