LA CORRUPCIÓN ¿UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?

Marden Rojas 

La corrupción sistémica que caracterizó la década del noventa y que le costó US$ 1,800 millones a los peruanos, nunca fue enfrentada con decision y firmeza por los gobiernos que le sucedieron a la mafia fujimontesinista, a pesar de toda la palabrería y papelería que significaron las oficinas, secretarías, comisiones, leyes, programas, planes y estrategias que se crearon para combatirla.

La lucha anticorrupción fue y sigue siendo una farsa en el Perú, como lo demuestran los casos de 'Odebrecht', 'Lava Jato', 'Los Cuellos Blancos', la construcción de los colegios emblemáticos y hospitales con contratos amañados, sobornos, sobrecostos, adendas, cartas fianza, arbitrajes cobro de diezmos, financiamientos irregulares y un largo etcétera de inmoralidad administrativa registrada los últimos 24 años.

En realidad, nadie se atreve a declarar la guerra frontalmente a la corrupción en el Perú y todo lo que hacen o dicen que hacen desde el gobierno es hipocresía, porque lo que buscan realmente es mantener el status quo de privilegios y corrupción, mientras los ciudadanos de a pie siguen pagando las consecuencias y perciben que la impunidad gana terreno.

Los gobiernos de turno para enfrentar la corrupción, lean ustedes lo que propusieron: Valentín Paniagua, creó 'La Iniciativa Nacional Anticorrupcion' (INA), Toledo designó un 'Zar Anticorrupción', el segundo alanismo estableció la 'Oficina Nacional Anticorrupción' (ONA) y suscribió el 'Pacto de Nación contra la corrupción'; Humala implantó la 'Comisión de Alto Nivel Anticorrupción' (CAN) y elaboró el 'Plan Nacional de lucha contra la corrupción';

PPK decretó la 'Comisión Presidencial de Integridad' (CPI) y planteó 100 medidas para luchar contra la corrupción. En setiembre de 2017 se aprobó la 'Política Nacional contra la Corrupción' que duerme el sueño de los justos en el Acuerdo Nacional. Vizcarra, anunció la creación de la 'Secretaría de Integridad Pública'; Sagasti pidió a la ONU fortalecer la lucha contra la corrupción; Pedro Castillo, presentó una 'Estrategia para reducir los actos de corrupción al 2022' y Dina Boluarte, marioneta del Congreso de políticos mafiosos, prometió 'poner mano dura contra la corrupción'. Saquen ahora sus propias conclusiones. 

Todas estas ocurrencias quedaron como anuncios espectaculares que derivaron de los consabidos 'yo creo' y 'a mí me parece', propios de la manía o el afán de borrar lo que hizo el antecesor y presentarse ante la gente como 'innovadores'. Nunca han tenido la voluntad política de luchar contra ese cáncer que también les contaminó y por lo que ahora se encuentran encausados en procesos judiciales que no tienen cuando comenzar o terminar en algunos casos.

Los historiadores consideran que la corrupción empezó en la Colonia, cuando los virreyes compraban (por lo bajo) el cargo al Rey de España y llegaban al 'Reino del Perú' como depredadores sin escrúpulos a recuperar el dinero 'invertido'. Otros afirman que comenzó desde que Francisco Pizarro defraudó al Estado Inca por dos cuartos llenos de plata y uno de oro (Parodi, 2020) y se convierte luego en Gobernador. 

Tampoco faltan los que creen que la corrupción se inició cuando San Martín solicitó el primer empréstito a Inglaterra, originando la deuda externa y a lo que José Arnaldo Márquez denominó 'la orgía financiera en el Perú' que hasta ahora arrastramos (César Vásquez). En lo que todos están de acuerdo es que en la dictadura fujimontesinista la corrupción fue monumental y batió todos los récords, un problema sistémico que se naturalizó y se descentralizó con la regionalización. De ahí nos viene la roña.

La CPP, fiel a sus mentores, no menciona para nada la palabra "corrupción" en sus 206 artículos, ni siquiera en las disposiciones finales y transitorias. El cuarto párrafo del artículo 4, modificado por la Ley 30650, en 2017, señala que la acción penal es imprescriptible en los delitos graves, sin embargo, no especifica cuales son esos delitos, lo que facilita que los corruptos y corruptores que administran justicia hagan de las suyas. La ambigüedad de la ley es utilizada para beneficiar a corruptos como al cabecilla de 'Los Limpios de Tacna' y favorecerá, qué duda cabe, a todos los que se hicieron de harta plata mal habida después de llegar a un cargo público. La cárcel efectiva y la muerte civil para los funcionarios corruptos resultaron más falsas que cachetada de payaso. Ahora con que paguen una multa será suficiente.