BALANCE DE UN AÑO DE ESCÁNDALOS, RECHAZO Y CORRUPCIÓN
Marden Rojas
El 2024 comienza con un sombrío recuerdo para el gobierno de Dina Boluarte: las masacres de Juliaca, donde 18 compatriotas son asesinados por la policía a balazos, y de Huamanga, que cobró la vida de 10 peruanos, acribillados por el ejército con armas de guerra. Estos hechos, junto a los sucesos violentos en Cusco, Abancay y Andahuaylas, que también dejan víctimas mortales, marcan el inicio de un año, en medio de tensiones y reclamos por justicia.
En febrero, la Fiscalía solicita a la Contraloría informes sobre los ingresos de Dina Boluarte como ex ministra y jefa de Estado, con el objetivo de determinar su capacidad económica para adquirir relojes de lujo. La presidenta utiliza hasta siete argumentos diferentes para justificar el origen de las joyas. El “caso Rolex” se convierte en el mayor escándalo de corrupción desde la década de Alberto Fujimori, considerado el séptimo presidente más corrupto del mundo.
En mayo, las bancadas del fujimorismo, Alianza para el progreso y Renovación, blindan a Boluarte ante las tres mociones de vacancia presidencial. Ruth Luque, congresista de Cambio Democrático, señala que “Tenemos una presidenta frívola que nadie cuestiona…”. El congreso, fuertemente criticado por la ciudadanía, archiva los pedidos de vacancia.
En junio, la Fiscalía Especializada contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) a cargo de Marita Barreto, presenta una investigación por presunta corrupción que acusa a Boluarte de liderar una organización criminal. Según la investigación esta se habría gestado cuando Dina se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
En un artículo publicado el 13 de julio, la revista The Economist informa que, desde que Boluarte asume la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, “sobrevive porque no está al mando”. La publicación agrega que “si ella cae, el Congreso debe convocar elecciones”, pero sus miembros no parecen tener ningún interés en acortar su mandato y mucho menos en perder los privilegiados sueldos y escandalosos beneficios que reciben.
En agosto, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denuncia a Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los 49 crímenes cometidos en diciembre de 2022 y enero de 2023. La FIDH busca evitar la impunidad y garantizar la justicia a los familiares de las víctimas.
Una encuesta nacional realizada en setiembre por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ubica a Boluarte con una aprobación del 5%, la más baja hasta entonces. La encuesta también revela que la mayoría de los peruanos (52%) percibe que el fujimorismo sostiene al régimen de turno.
En octubre, tras un silencio prolongado, Boluarte reaparece para minimizar el paro de los transportistas, en respuesta a la ola incontrolable de extorsiones que sufren. El sector también exige que
se deje sin efecto la Ley 32108 contra el crimen organizado.
El 18 de noviembre, Nicanor Boluarte, hermano de Dina, evade la justicia mientras se encontraba bajo la custodia de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIN). En el plano internacional, Boluarte se convierte en noticia por registrar el índice más bajo de aprobación: 3% en la zona urbana y 1% en el ámbito rural. Récord mundial.
Dina Boluarte cierra el año con ocho acusaciones en su contra, incluida la cirugía secreta sin comunicar su ausencia al congreso, ocho pedidos de vacancia y con el rechazo unánime de los peruanos. Lo más lamentable del año, sin embargo, es la entrega de carne de caballo en conservas a los alumnos de cuatro regiones del país, etiquetadas como carne de res. El Perú al garete y con la corrupción y la violencia incontrolables en todo el territorio nacional.
¿Dónde está la gente joven capaz y preparada? ¿La ciudadanía peruana no tiene ideales? ¡Es hora de actuar! Un pueblo indiferente labra su propia destrucción.
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