EL CONGRESO: UN AÑO DE ESCÁNDALOS Y LEYES A FAVOR DE LA DELINCUENCIA

Marden Rojas

El Congreso de la República se hundió en la deslegitimidad durante 2024. Un año marcado por escándalos de corrupción, falta de representatividad, desprecio por la democracia y la influencia de lobbies, que se tradujo en la aprobación de leyes con nombres propios en detrimento del interés público. Aquí un breve balance del año:

Enero: Mientras personalidades democráticas advierten sobre la necesidad de una movilización ciudadana para frenar el poder mafioso del Congreso, este aprueba un dictamen que extiende la edad de jubilación de 65 a 75 años, para obligar a pagar más años de aportaciones y cobrar menos años de jubilación advierte el laboralista Javier Mujica. 

Marzo: El Congreso archiva 187 denuncias constitucionales contra excongresistas acusados de delitos que van desde el cobro de diezmos hasta los mochasueldos, pasando por los “Cuellos Blancos” y funcionarios acusados de peculado doloso, desbalance patrimonial y otros delitos. En una maniobra sin precedentes, los congresistas jubilados de las FF.AA. y la PNP, aprueban una modificación a la Ley 19846 que les permite recibir doble sueldo del Estado: el que perciben como jubilados y como congresistas. Un descarado aprovechamiento personal. 

Abril: A fin de controlar los organismos electorales, el fujicerronismo, modifica el artículo 99 de la Constitución para someter a juicios políticos y denuncias constitucionales a los miembros del JNE y ONPE y al titular del RENIEC. Esta acción debilita la independencia del sistema electoral.

Mayo: Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), advierte que el Congreso, con la aprobación de leyes populistas, ha generado un déficit de 99 mil millones de soles, equivalente al 40% del presupuesto 2024. Cuestiona la creación de 44 nuevos distritos, 20 universidades, la construcción de carreteras, puentes y estadios de fútbol, bajo el pretexto de la “necesidad pública y el interés nacional”.

Junio: El ministerio Público llama a la ciudadanía a defender la democracia del Congreso, que legisla de espaldas a la gente. Asimismo, declara inaplicable el delito de lesa humanidad antes del 2002, que protege a militares y policías en violaciones de derechos humanos ente 1980 y 2000.

Julio: Una Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el Congreso tiene una aprobación de apenas el 4% y la mayoría de peruanos considera que los congresistas abusan del poder. El Congreso intenta obligar a los jueces a aplicar una ley que reduce los plazos de las prescripciones a pesar que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma. Una medida que beneficia a las organizaciones criminales de toda calaña. 

Agosto: La Cámara de Comercio de Lima exige al Congreso que derogue la Ley 32108 contra el crimen organizado, la cual dejó fuera a 59 de los 91 delitos penales considerados graves, entre ellos, el enriquecimiento ilícito y el cohecho pasivo. (La ley fue modificada gracias al clamor popular, evitando la impunidad para las organizaciones criminales con poder político).   

Setiembre: Para los analistas políticos, el Congreso y el gobierno demuelen la institucionalidad del país. Acabaron con la reforma universitaria, incorporaron a cientos de profesores que no aprobaron los exámenes, rebajaron los niveles de los exámenes para el SERUMS y hasta permitieron que los que no aprobaron accedieran a una plaza, etc. 

Octubre: La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) rechaza los proyectos de ley del Congreso que favorecen a la delincuencia y denuncia el quiebre del sistema democrático en el país. Ya suman 37 leyes con las que el Congreso ha herido mortalmente la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.

Noviembre: Se promulga la Ley 32153 que establece la supremacía del Congreso sobre los otros poderes del Estado. Esta ley tiene como finalidad, posicionar al Congreso como el primer poder del Estado. Adiós equilibrio de poderes.

Diciembre: El pleno del Congreso aprueba una nueva amnistía tributaria por 3,600 millones de soles para beneficiar a grandes contribuyentes que han incumplido con sus obligaciones tributarias. Otro duro golpe a la lucha contra la corrupción. 

Como bien dice el periodista César Hildebrandt, el Congreso es nuestro vómito. 

Fuentes: Diario Sin Fronteras, LR y H-13 del 2024.